Una misiva firmada por los fiscales adjuntos del caso Emil J. Bove III y Brendan Quigley F. señala que el gobierno desea informar a la corte que existe un posible conflicto en el caso de los primos Flores.
Los fiscales señalan que el 12 de noviembre de 2015, los acusados Efrain Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas presentaron en el gravamen a la acusación S2 15 Cr. 765 una carta ante el Honorable Juez James L. Cott donde aparecían los abogados John Reilly y Rebeca Poston, de la firma Patton Boggs LLP Squire, como representantes de los dos acusados. Sin embargo, Reilly y Poston admitieron que no habían analizado el posible conflicto inherente a este enfoque y aparecieron como defensores de del demandado Efrain Antonio Campo Flores únicamente.
El otro acusado Franqui Francisco Flores de Freitas completó una declaración financiera donde aseguró no tener recursos para el pago de defensa privada ante lo cual el juez Cott nombró a Vicente Southerland de la firma Defensores Federales de Nueva York para representarlo.
El 16 de diciembre de 2015, Squire Patton Boggs pidió permiso para retirarse de la representación de Campo Flores. El Tribunal accedió a la petición a una la conferencia del día siguiente. Después que Campo Flores completó una declaración financiera, la Corte nombró al abogado de oficio Kafahni Nkrumah para defenderlo.
El 8 de marzo de 2016, John Zach Jackson y Randall, de la firma Boies, Schiller y Flexner LLP, enviaron una carta donde informaban que eran los nuevos abogados contratados por Campos Flores para su defensa.
Y el 1 de abril de 2016, David Rody y Michael Mann, de la firma Sidley Austin LLP, informaron al tribunal que habían sido contratados para la defensa de de Flores de Freitas.
En respuesta a una consulta del Gobierno, el nuevo abogado para ambos acusados revelaron que los gastos legales de los demandados en esta materia están siendo pagados por la misma persona, por lo cual se plantea un conflicto de interés. Vale destacar que la Sexta Enmienda garantiza que un acusado tenga el derecho a la efectiva asistencia de un abogado, que incluye "el derecho a la representación por un abogado libre de conflictos."
Los fiscales señalan que en el caso de los primos Flores hay un grave conflicto de intereses y consideran que tal evento viola de la Sexta Enmienda. Tales violaciones- dice la misiva- son irrenunciables y no requieren una muestra de que el acusado sea perjudicado por su representación.
Asimismo, se recuerda la base legal sobre el pago de honorarios legales por Terceros y argumenta que puede surgir un conflicto
cuando un abogado es pagado por una persona distinta del abogado de cliente.
El gobierno señala que existen consideraciones éticas cuando un abogado acepta honorarios de alguien que no sea su cliente. "La aceptación de dinero proveniente de un benefactor que pague los costos de defensa pueden someter a un abogado a una indeseable influencia externa "y plantea una cuestión ética "en cuanto a si la lealtad del abogado es con el cliente o al pagador."
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