Venezuela es hoy un país gangrenado por un sistema político incapaz de garantizar las libertades, una estructura económica fallida y una sociedad cercenada por la falta de alimentos y suministros básicos. Aupado durante más de una década en el monocultivo del petróleo, el régimen chavista es un ejemplo de cómo convertir en un lastre lo que era una ventaja competitiva. Desde ayer, 20 estados del país -el 75% de la población-, se ven afectados por la 'dieta eléctrica' del hijo político de Chávez para paliar la sequía que afecta al embalse de Guri, que proporciona el 63% de la electricidad al país con mayores reservas de petróleo del planeta. Los cortes serán de cuatro horas diarias durante 40 días y en turnos rotatorios. A ello hay que sumar el alarmante cuadro macroeconómico que arrastra Venezuela, con un Estado en bancarrota -incapaz de garantizar la importación de materias primas-, una inflación del 180% y un aumento del precio de la gasolina del 6.000%.
Todas las medidas adoptadas hasta ahora por el régimen chavista no han servido más que para empobrecer aún más a los venezolanos. Esta lacerante coyuntura ha movido a la oposición venezolana, que en las elecciones de diciembre obtuvo 112 de 167 diputados, a redoblar su acción política con un doble objetivo: superar las trabas del chavismo, que controla todos los resortes del poder; y aventar la esperanza de salir de una gravísima crisis cuya responsabilidad recae en Maduro. De ahí que la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática haya logrado dar el primer paso que desemboque en el referendo para revocar a Maduro. Tras mes y medio de espera, el Consejo Electoral facilitó anteayer el procedimiento para la recogida de las firmas del 1% del censo electoral nacional, que equivale a poco más de 195.000 personas. Después, la alianza opositora deberá alcanzar el 20% de las firmas para activar el referendo antes de que finalice 2016.
Maduro, que sigue instalado en el delirio, acusó ayer a la oposición de «destruir» la revolución bolivariana. Y añadió que quienes le atacan en España «están en los 'papeles de Panamá'». A estas alturas ya no cabe esperar ningún gesto de responsabilidad en Maduro, quien hace tiempo que debería haber abandonado su cargo dada la dramática situación que atraviesa la sociedad venezolana. En cambio, sí hay que pedir altura de miras a la clase política española. El Congreso debatió ayer una proposición no de ley presentada por el PP para exigir la liberación de todos los presos políticos. Podemos no apoyó esta iniciativa, lo que retrata su hipocresía con el chavismo. Pero la votación fue tan loable como estéril, dado el ocaso de la legislatura. Desde España sería más conveniente centrar los esfuerzos en un apoyo nítido y eficaz a la oposición venezolana. Y ello hasta que Caracas asimile que, sin democracia ni derechos humanos, el futuro es una quimera en Venezuela.